Con el título VULNERABLES VULNERABILIZADOS, el Servicio Jesuita a Migrantes, describen las conclusiones de su estudio anual realizado durante 2015.

Para leer el texto completo, pincha aquí

Introducción:

Es posible que el año 2015 sea recordado como aquel en el que la Unión Europea y sus estados miembros dieron definitivamente la espalda a cientos de miles de personas refugiadas.

Después de un tímido ensayo de organizar una respuesta mínima y corresponsable, basada en la acogida, se produjo una escalada en las políticas de hostilidad y portazo. Se tomaron medidas para obstaculizar al máximo la llegada a Europa de personas, se cerraron fronteras nacionales para hacer imposible el tránsito entre países y se endurecieron legislaciones para dificultar el acceso a derechos. Todo ello, coronado con la pasividad –sino indiferencia– y desesperante lentitud a la hora de cumplir con los ya de por sí rácanos compromisos de reubicación y reasentamiento. Y como paisaje de fondo, un discurso público que transita entre el miedo y el populismo xenófobo más estridente.

Vemos, por tanto, que algunas viejas recetas que ya han mostrado su inoperancia –además de su falta de respeto por la dignidad de las personas– se actualizan y amplían. Dichas recetas tienen dos componentes esenciales: el endurecimiento del control fronterizo y la detención de las personas migrantes. El primero, lejos de cumplir con su pretendido objetivo de “frenar los flujos” migratorios, los desvía hacia rutas más difíciles y peligrosas, y hace más próspero el negocio de la “mafias”. Y ello, sin mencionar la degradación ética y política que suponen determinados acuerdos de externalización de fronteras con países de dudoso compromiso con los derechos humanos, cuando no de claro desprecio hacia ellos. El segundo –la detención– nos introduce de lleno en un mundo de excepcionalidad jurídica, donde personas sin otro delito que el de buscar un futuro a salvo, son recluidas o ven sus libertades seriamente restringidas. Esto no tiene justificación.

Queremos con estas líneas, pues, ayudar a abrir el zoom, y situar los centros de detención de migrantes (CIE, en el caso español) como dispositivos de control fronterizo. Y llamar la atención de que nos encontramos en un momento de endurecimiento de estos. Sitúese en este contexto también el intento de legalizar las llamadas “devoluciones en caliente” por parte del gobierno español durante este pasado año. La conclusión es que abogar por el cierre de los CIE en este caso, implica también abogar por una reforma en profundidad de todo el entramado de control fronterizo, y un replanteamiento amplio de la forma en que gestionamos la movilidad humana.

No obstante, en este texto nos toca cerrar de nuevo el zoom, y concentrarnos en la realidad de los CIE en España. Partimos de nuestra experiencia de acompañamiento en tres de ellos, y nos basamos en más de 1.500 visitas. Miramos, esta vez con especial atención, desde el prisma de las personas más vulnerables entre las vulnerables: personas enfermas, víctimas de trata, solicitantes de asilo, personas a quien nadie visita…

Nuestra conclusión es que por la gravedad que supone la privación de libertad en los CIE, por el abuso que se hace de esta medida y por las condiciones de vida realmente existentes en estos centros, es necesario afrontar su cierre y desaparición. Y en el entretanto, continuar con el debate público –felizmente intensificado en los últimos meses– e ir poniendo en marcha alternativas a la privación de libertad, que las hay.

Miguel González Martín

Coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes – España